HACIA UNA SOLA AUTONOMÍA
Estos
pueblos han venido reclamando insistentemente el derecho a la autonomía, como
condición necesaria para la solución definitiva de sus problemas y en aras de
ejercer este derecho.
Se precisa
que la autonomía no corresponde al sentido etimológico de la palabra,
equivalente a independencia. Existen, sí, las facultades de gobierno,
legislación y organización interna propia. La autonomía, como señala Díaz
Polanco, no busca satisfacer los intereses de algunos, sino que intenta
asegurar la integración de la ciudadanía basándose en la coordinación, en vez
de la subordinación, de las colectividades que integran una jurisdicción.
Por medio
de la autonomía se pretende distribuir las competencias de las colectividades
del Estado, con el objetivo de velar por los intereses de la ciudadanía en su
totalidad, por lo que el fundamento jurídico y político del régimen de
autonomía estaría en la ley fundamentalmente (en nuestro caso la Constitución y
COOTAD).
Se
desprende claramente que los pueblos pretenden ejercer este derecho como una
forma de participación directa en la vida política, económica y cultural. Este
constituye el derecho de los pueblos a elegir a sus propias autoridades, ejercer
el control de los procesos sociales y culturales, los recursos naturales del
suelo y subsuelo que se hallan en los territorios; sin dejar de lado que el
nuevo marco jurídico faculta a los Gobierno Parroquiales algo de aquello.
Este
derecho constituye un respeto a los derechos propios para desarrollar la
identidad, la cultura, el arte, las costumbres, el reconocimiento de las
organizaciones, el reconocimiento de las tierras y territorios; es decir el
derecho de disponer de los medios materiales necesarios para el progreso de sus
habitantes. Es un derecho a intervenir en forma directa y permanente en todos
los asuntos, planes, programas, proyectos que tengan relación con las vidas y
destinos de los ciudadanos.
